UNA CUESTION DE VALORES
Milagrosa Carrero Sánchez(18/06/2006)
El vicepresidente de la Conferencia Episcopal, Antonio Cañizares, ha
hecho juicios de valor, que creo insultantes, contra la nueva asignatura prevista
en la LOE, Educación para la Ciudadanía.
En esta ocasión, le ha tocado al vicepresidente de la Conferencia Episcopal
y cardenal de Toledo, Antonio Cañizares , despotricar contra el sistema
educativo, lo que resulta cuando menos inconcebible, si tenemos en cuenta que
sólo los sueldos pagados por las administraciones a los profesores de
Religión suman más de 500 millones de euros. Para un Estado, que
a pesar de su aconfesionalidad, financia a la Iglesia con más de 3.000
millones de euros al año de las arcas públicas, y cuyo Gobierno
la ha favorecido, desde la llegada al mismo de José Luis Rodríguez
Zapatero , con una aportación extra de 35 millones anuales, además
de subvencionar con 2.500 millones anuales más a los colegios privados,
un 70% de los cuales son católicos, la agresiva postura del clero, dinamitando
desde sus púlpitos cada uno de los derechos conquistados por los ciudadanos
españoles, como el divorcio, el aborto, o la libertad religiosa, resulta
perniciosa.
Esta vez el vicepresidente de la Conferencia Episcopal y cardenal de Toledo
se ha permitido, en sus últimas declaraciones, insultantes juicios de
valor contra la nueva asignatura prevista en la LOE, Educación para la
Ciudadanía, a la que curiosamente considera un ataque a su doctrinal
concepto de familia, absolutamente desajustado de nuestra realidad social, e
irrespetuoso con la concepción legal de la misma, puesto que niega, en
cierta manera, tal consideración a muchas que lo son de hecho, y de derecho.
SEGUN PALABRAS textuales de la ministra Mercedes Cabrera la "educación
para la ciudadanía y los derechos humanos trata de educar a los niños
y adolescentes en el ejercicio de sus derechos y de sus libertades", lo
que para Cañizares es sinónimo de "adoctrinamiento, relativismo
moral, atentado a la familia, e incita a la desobediencia y a la objeción".
¡Se me ponen los pelos como escarpias, ante tan sórdido pronóstico!
Ya estoy viendo a nuestros niños y adolescentes sufriendo los devastadores
efectos de tan peligrosa materia que se atreve a educar en la convivencia, y
en el respeto, dentro del marco de la Constitución, con riesgo de que
se note que la moral no es patrimonio de la Iglesia --ni de una religión
determinada-- y acabemos cambiando los mandamientos de la santa madre Iglesia
por los objetivos del milenio, y las recomendaciones de la última encíclica
por la declaración de los derechos humanos .
Acaso la jerarquía eclesiástica tenga un motivo para desconfiar
de esos futuros ciudadanos familiarizados con los fundamentos de la democracia,
los valores constitucionales, los problemas sociales del mundo actual y la igualdad
entre hombres y mujeres, acostumbrados desde pequeños a respetar los
planteamientos del contrario, educados para aceptar las opciones sexuales, religiosas
o políticas de sus vecinos, y compañeros, dispuestos incluso a
considerar igual al hijo de una divorciada, o al niño que no ha hecho
la comunión, que al nacido en el seno de matrimonios católicos
practicantes. Porque por mucho que pese a algún sector de la iglesia,
la evolución de nuestra familia, que adaptada a las actuales formas de
vida presenta una numerosa pluralidad de tipos más o menos alejados del
modelo católico, es ya una realidad, previa a la introducción
en el currículo educativo de la nueva materia, sobre todo útil
para enseñar a convivir en una sociedad que se pretende plural y tolerante,
y en la que ya nadie se escandaliza de una madre soltera, de unos padres divorciados,
o de complicadas redes familiares donde segundas o terceras uniones dan lugar
a novedosas estructuras familiares igualmente válidas para educar a los
hijos.
Y si la jerarquía eclesiástica se escandaliza por los hábitos
de conducta, y las formas de vida, que no se ajustan a sus mandamientos, a la
mayor parte del pueblo nos parece una inmoralidad el despilfarro de medios previsto,
con motivo de la próxima visita del Papa a Valencia los días 8
y 9 de julio, para clausurar el Encuentro Mundial de la Familia, y que va a
costarle al erario público la desmesurada cantidad de casi 30 millones
de euros --que le arreglarían la vida a muchas familias-- aportados por
el Estado, el Ayuntamiento de Valencia, la Diputación valenciana, y la
Generalitat, desencadenando la campaña de protesta nosotros/as no te
esperamos : Una cuestión de valores.
*Milagros Carrero Sánchez es profesora de Secundaria