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Manifiesto de Barcelona ( II Jornadas por la Laicidad celebradas en Barcelona del 20 al 21 de julio de 2002)
1.
Los representantes de las asociaciones presentes y los asistentes
abajo firmantes, ateniéndonos a las conclusiones de los trabajos
realizados en el II Encuentro por la Laicidad en España, que han
versado sobre la Laicidad y el derecho al espacio público,
reafirmamos nuestro convencimiento de que para posibilitar una auténtica
igualdad de oportunidades al acceso al espacio público es preciso
fortalecer el marco común de la laicidad como garantía de civilidad
democrática y de respeto para con todas y cada una de las expresiones
filosóficas y espirituales, sin imposiciones, favoritismos,
exclusiones ni hegemonismos por parte de ninguna escuela de
pensamiento o grupo en particular. 2. Es por ello que queremos hacer oír la voz de quienes nos
identificamos con la cultura de la libertad de conciencia, de la
tolerancia activa y del humanismo democrático, para impulsar el
debate crítico que facilite el cumplimiento, en nuestro contexto
legal, de los mínimos requisitos de convivencialidad y pluralismo en
dicho espacio público, que es el que todos y todas compartimos, al
margen de nuestras opciones de conciencia privada, y el que, por
tanto, el marco jurídico debe garantizar, para todos y todas, sin
ningún tipo de diferencia. Apoyamos,
como consecuencia, la creación de una red de coordinación de las
personas, asociaciones y entidades que trabajen en España en defensa
de la laicidad como eje de sustentación de una democracia auténticamente
ciudadana, comprometiéndonos a la difusión de sus acciones y a la
promoción de sus valores. 3. Debemos denunciar, en este sentido, la vigencia del Concordato
firmado entre el Estado español y la llamada Santa Sede en 1953,
durante la dictadura, así como los acuerdos vergonzantes de 1976 y de
1979, difícilmente asumibles desde una mínima coherencia democrática,
abiertamente transgresores del espíritu del mandato constitucional,
que permiten a una confesión religiosa determinada –la católica–
ejercer una función de preeminencia sobre la libre conciencia de los
ciudadanos que se expresa mediante sus privilegios en materia de enseñanza,
fiscalidad, presencia mediática y ocupación simbólica de lugares de
especial significación para el espacio público, por el elevado grado
de representatividad de la comunidad política que desempeñan. 4.
Consideramos especialmente preocupante el mantenimiento, en el ámbito
educativo, de privilegios exclusivos para las confesiones religiosas,
en la medida en que ello puede dificultar el proceso de formación de
la libre concienca ética de las personas que, en razón de su edad,
menor capacidad de defensa tienen ante las imposiciones ideológicas
externas, mediatizando sus condiciones de libertad de juicio personal
y, por tanto, de ejercicio de la autodeterminación individual, fuente
de la libertad plena. La
Ley de Calidad, actualmente en discusión, va a empeorar la situación,
mientras que nosotros consideramos que la religión ha de ser excluida
del espacio educativo. Los catequistas de cualquier religión, si
existen, no deben financiarse con cargo a fondos públicos, ni han de
formar parte de los claustros escolares. 5.
Consideramos, asimismo, preocupante, además de grotesco para el
actual grado de evolución de la sociedad española, la pública
ostentación de simbología confesional o el sometimiento a ella por
parte de cargos públicos, electivos o no, que se deben, en primer
lugar, al público y a la garantía del derecho al espacio público
para todos los ciudadanos, antes que a su conciencia. Las Jefaturas
del Estado o del Gobierno, y cualquier representación estatal, autonómica,
municipal o militar, deben estar exentas de implicación confesional pública
alguna, reservando los actos de culto a que su conciencia les impulse
a la estricta esfera de la privacidad. 6.
Efectuamos, pues, un especial llamamiento a los representantes políticos
e institucionales democráticos en su conjunto y muy especialmente a
quienes puedan sentirse comprometidos con la cultura de la libertad y
del progreso, para que promuevan las oportunas medidas legislativas
que permitan acceder, en condiciones de auténtica igualdad de
oportunidades, al disfrute del espacio público para todos los
ciudadanos. Abogamos por una política de sometimiento de las
religiones al derecho común, centrada en la vigilancia del
cumplimiento por todas ellas de los valores rectores de una sociedad
libre y democrática. 7. Es
en este sentido por lo que consideramos imprescindible la adopción de
los correspondientes procedimientos legales que posibiliten sancionar
en el ordenamiento jurídico las propuestas que se exponen en el
Manifiesto de Motril de julio de 2001. Y nos parece que dichas
propuestas, pese a no resultar ajenas a ningún planteamiento
realmente democrático y convivencial, deberían ser asumidas íntegramente
por quienes se reclaman del pensamiento progresista. 8.
Consideramos que la garantía de respeto a la pluralidad de opciones
ideológicas, filosóficas y éticas que puedan ser libremente
asumidas por la conciencia de los ciudadanos, sin restricciones de
ningún tipo para la libre expresión de las demás, sin limitaciones
para el ejercicio del derecho a la crítica o a la apostasía, y sin
imposiciones por parte de ninguna comunidad cultural o familiar sobre
la conciencia individual –especialmente, de los jóvenes menores de
edad– y su permanente derecho a la libertad, son la garantía del
ejercicio real del derecho al espacio público. 9.
Consideramos que este ejercicio puede trasladarse al plano de las
relaciones entre individuos, grupos, sociedades y estados,
constituyendo uno de los fundamentos del derecho a la libre
determinación de los individuos y de asentamiento de las condiciones
de posibilidad de una vida social en paz y democracia. Creemos que la
Unión Europea, muy especialmente, debe sentirse llamada a ejercer una
función de defensa y promoción internacional del derecho a la
autodeterminación del individuo como sujeto de Derecho, con el fin de
evitar el sometimiento de las conciencias individuales a los
prejuicios comunitaristas y a las presiones dogmáticas de cualquier
signo, y frente a la usurpación por la fuerza de dicho derecho, ya
sea con fines políticos, religiosos, mediáticos o delictivos.
Creemos, también, que la Unión Europea debe reforzar sus compromisos
con la cultura de la laicidad y de la libertad de conciencia ante los
riesgos de deriva autoritaria, intransigente y excluyente que pueden
detectarse entre ciertos sectores de la opinión pública europea para
quienes el fanatismo o la renuncia al pensamiento libre pueden parecer
alternativas al riesgo de exclusión social. La cultura de la laicidad
y de la democracia fundamentada en valores humanos –que no en imagen
o en recursos materiales–, constituye, también, un antídoto frente
al fascismo. 10. Y
a defender estos valores de laicidad como vía de respeto a la
diversidad de las conciencias y de enaltecimiento de la riqueza plural
de la cultura humana, nos comprometemos, requiriendo a nuestros
representantes y autoridades públicas a que así lo hagan también,
en todos los foros de ámbito español, europeo comunitario o
internacional, para promover la construcción de una cultura civil
fundamentada en la libertad, la igualdad de oportunidades y la relación
constructiva y pacífica entre individuos y comunidades.
En Barcelona, a 21 de julio de 2002 Asociación
Pi y Margall por la Educación Pública y Laica Ateus
de Catalunya Colectivo
Escuela. Granada Europa
Laica Fédération
Nationale de la Libre Pensée Fundació
Francesc Ferrer i Guàrdia Asociación Escuela Laica . Albacete |