La consecución de los Estados aconfesionales ha sido un logro histórico de las sociedades occidentales que ha permitido avanzar en el progreso civil, científico y democrático de los pueblos. Existen en el momento actual suficientes evidencias del aislamiento y retroceso en las libertades civiles y en el progreso en aquellos países que no han implantado una separación real entre el Estado y las distintas confesiones religiosas.

España, en la senda abierta por la tradición europea moderna, incorporó como base de la organización del Estado y del marco de convivencia entre todos los españoles, el carácter aconfesional del Estado recogido en nuestra Carta Magna. Ese momento supuso una ruptura con la anterior situación de identificación entre Iglesia Católica y Estado, que sumergió al país en una época de atraso y oscurantismo.

En las ponencias y debates de este Encuentro, se ha constatado que la situación actual no permite hablar de una aconfesionalidad real del Estado Español. Se percibe un retroceso en la misma como consecuencia de la presencia de la Iglesia Católica en los órganos y estructuras del Estado y su cada vez mayor participación en los procesos de toma de decisiones.

El deterioro del marco aconfesional del Estado es de tal gravedad que se ha convertido en habitual la presencia dominante de la Iglesia Católica en la estructura administrativa del Estado, conculcando derechos esenciales, especialmente en los ámbitos educativo, jurídico, sanitario...; y relegando a la marginalidad a quienes reclaman desde la sociedad civil el cumplimiento de los principios generales que sustenta la Constitución Española. De persistir esta tendencia involucionista, se corre el riesgo de ralentizar e incluso detener el avance hacia mayores niveles de progreso social, moral y de convivencia. El carácter reduccionista y unilateral de los principios confesionales amenazan la pluralidad intelectual y ética de las sociedades laicas, caracterizadas por el mestizaje, la multiculturalidad, la integración y la apertura.

Reivindicamos el fortalecimiento de un Estado laico cuyos valores sean la libertad de conciencia, la igualdad entre los ciudadanos, al margen de sus convicciones religiosas, y la autonomía de juicio, cultivada gracias a una escuela pública y laica, depositaria de la cultura universal. La práctica religiosa ha de ser libre pero circunscrita al estricto ámbito privado.

Por todo lo cual pedimos de modo inmediato:

1º La ruptura de los actuales acuerdos entre la Iglesia Católica y el Estado Español de 1976 y 1979.

2º El cese de la financiación estatal a cualquier institución religiosa.

3º La eliminación de la asignatura de religión como enseñanza curricular.

4º Que ningún cargo público se sume a manifestaciones religiosas en el ejercicio de sus funciones.

5º Eliminar cualquier tipo de adoctrinamiento religioso de la infancia en el ámbito escolar.