La negociación del Gobierno con la Iglesia católica para resolver la financiación de esta última entra mañana en su fase decisiva. Por primera vez, un político de alto nivel, el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, recibirá a los representantes de la Conferencia Episcopal -probablemente liderados por Juan Antonio Martínez Camino- para tratar la propuesta que la Iglesia puso encima de la mesa en mayo, que reclamaba aumentar del 0,5239 al 0,8 del porcentaje sobre el IRPF destinado a la financiación. El Gobierno quiere negociar esa cifra a la baja.

La Iglesia y el Gobierno están de acuerdo en que hay que cambiar el sistema porque los adelantos a cuenta se han vuelto muy impopulares. De hecho, la propuesta que tiene el Gobierno encima de la mesa los elimina por completo.

La Iglesia entregó en mayo un documento, que según fuentes de la Conferencia Episcopal está realizado con todo tipo de cálculos detallados, en el que deja clara su propuesta: subir del 0,5239 al 0,8 el porcentaje de la recaudación del IRPF de los ciudadanos que rellenan la casilla correspondiente que acaba en manos de los obispos para pagar los sueldos de los curas y monjas y mantener la institución en marcha. En realidad esta es una pequeña parte de todo el dinero público que controla la iglesia -educación, hospitales, cooperación, instituciones benéficas-, pero es lo que se está negociando, ya que el resto no se pone en cuestión.

La Iglesia recuerda que el 0,8 es el porcentaje que funciona en Italia. El Gobierno responderá mañana oficialmente. Antes del verano hubo cuatro reuniones de carácter técnico, y los contactos informales entre el vicesecretario de asuntos económicos, Fernando Giménez, y la directora general de Asuntos Religiosos, Mercedes Rico, son frecuentes, pero la negociación real comienza con el secretario de Estado. Las tratativas están directamente relacionadas con la negociación de los Presupuestos. Precisamente el mismo día que recibirá a los representantes eclesiales, el secretario de Estado habrá comenzado las reuniones con los grupos, en este caso ERC e IU-ICV. La partida presupuestaria de la Iglesia, que el año pasado se colocó en 144 millones de euros, es importante para cerrar las cuentas generales.

En mayo, el vicepresidente económico, Pedro Solbes, señaló a EL PAÍS que el 0,8% le parecía excesivo. El Gobierno se propone ahora negociar a la baja esa cantidad. La Iglesia dice que está abierta a cualquier otro tipo de fórmula, siempre que satisfaga sus expectativas de ingresos. La cifra intermedia del 0,7% ya ha sido puesta encima de la mesa pero no por la Iglesia ni por el Gobierno, sino por ERC, que propone ese guarismo para que las ONG, que reciben también ese 0,5239% de quienes no quieren financiar a los obispos, reciban más dinero.

La negociación se augura larga, puesto que hay plazo hasta finales de año, cuando se cierran los Presupuestos, y en caso extremo se podría incluso prorrogar un año más. El Ejecutivo tiene mucho interés en llegar a un acuerdo. Desde la ruptura total marcada por la gran manifestación promovida por la Iglesia contra la Ley Orgánica de Educación, que sacó a la calle a 400.000 personas contra el Gobierno, las relaciones han ido mejorando, sobre todo porque el Ejecutivo las ha mimado, especialmente la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega. El Gobierno se ha cuidado mucho desde entonces de no contrariar a los obispos, y de hecho la negociación sobre la financiación se lleva con mucha cautela desde el Ministerio de Economía y Hacienda precisamente para evitar suspicacias.

Lo cierto es que la Iglesia está preocupada por la disminución paulatina del porcentaje de ciudadanos que rellenan la casilla del IRPF, aunque el aumento de los ingresos fiscales ha compensado esa pérdida. El Gobierno quiere un compromiso de que cualquier acuerdo alcanzado será definitivo y no se modificará aunque siga bajando el porcentaje año a año.