1. Comunicado de andalucia laica contra el acuerdo de financiación de la iglesia católica
2. Hacienda no fiscalizará el uso del dinero destinado a la Iglesia.
3. El Estado aporta 5.057 millones a las actividades de la Iglesia en España,

COMUNICADO DE ANDALUCIA LAICA CONTRA EL ACUERDO DE FINANCIACIÓN DE LA IGLESIA CATÓLICA.
(en http://laicismo.org)

El Gobierno y la CEIC pretenden convencernos de que la "aportación voluntaria" en el IRPF no supone ninguna discriminación, pero no puede calificarse así a un mecanismo mediante el cual algunos contribuyentes privilegiados ordenan al Estado que detraiga de sus impuestos una cantidad para financiar su organización religiosa favorita, sin pagar ni un euro más, mientras que los impuestos de quienes rechazan las directrices de la jerarquía católica van íntegros al fondo común de los PGE.

El reciente acuerdo alcanzado por el Gobierno socialista y la Conferencia Episcopal (CEIC) sobre la financiación de la Iglesia Católica, cuyo texto permanece inédito hasta día de hoy, ha sido considerado por ambas partes como un "buen acuerdo". En su entusiasmo, el negociador de la CEIC ha indicado que el acuerdo "es bueno para todo el mundo". Comprendemos la alegría de la jerarquía eclesial, pues mediante este acuerdo no sólo se prorroga el mecanismo de financiación a través del IRPF, sino que aumenta en un 34% el porcentaje de la declaración que se detraerá de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el mantenimiento del culto y clero.

El Gobierno y la CEIC pretenden convencernos de que la "aportación voluntaria" en el IRPF no supone ninguna discriminación, pero no puede calificarse así a un mecanismo mediante el cual algunos contribuyentes privilegiados ordenan al Estado que detraiga de sus impuestos una cantidad para financiar su organización religiosa favorita, sin pagar ni un euro más, mientras que los impuestos de quienes rechazan las directrices de la jerarquía católica van íntegros al fondo común de los PGE. No puede calificarse de "aportación" lo que es de hecho una reducción de impuestos, ni "voluntaria", cuando sólo a unos cuantos se les ofrece una alternativa concreta a su medida. Quienes marcan la casilla de la jerarquía católica cometen de hecho un delito moral de evasión fiscal amparados por una ley injusta.

Además, carece de justificación que un Estado, presuntamente laico, continúe ejerciendo de "brazo fiscal" de la CEIC, o de cualquier otra organización confesional, dedicando los medios y personal de la Agencia Tributaria a pasar el "cepillo" para la iglesia mediante la casilla del IRPF. El Estado continua así manteniendo a una jerarquía eclesiástica que no ha mostrado capacidad o disposición para cumplir su compromiso de autofinanciación acordado en la reforma de 1979 del Concordato Vaticano-España, es decir, hace casi 30 años.

Sólo estamos de acuerdo con la jerarquía eclesial en que lo recaudado mediante el IRPF, unos 150 millones de euros, es una pequeña fracción de su presupuesto, y una muy pequeña fracción de lo que el Estado, en todos sus niveles, central, autonómico y municipal, dedica a la promoción del catolicismo. Sólo en sueldos para los cerca de 33.500 catequistas que imparten doctrina en los colegios públicos, el Estado dedica unos 600 millones de euros/año, mientras que unos 750 millones de euros nunca llegan a las arcas públicas gracias a las exenciones fiscales de los que disfrutan el patrimonio inmobiliario y las actividades de la iglesia. A esto hay que añadir la financiación de la enseñanza confesional (3.200 millones de euros), y numerosas 'ONG´s' de obediencia católica, así como la contratación de capellanes para hospitales, cárceles y ejército, las cesiones municipales de suelo, el mantenimiento de templos, etc., sumando un total estimado en más de 5.000 millones de euros/año.

Andalucía Laica se opone a un acuerdo que atenta contra la laicidad del Estado y que además se añade a otras medidas discriminatorias tomadas por el gobierno a favor de otras confesiones religiosas, afianzando de esta manera lo que sólo puede denominarse como "Estado multiconfesional", absolutamente contrario a la Constitución, así como a los compromisos internacionales de respeto a la libertad de conciencia adquiridos por nuestro país

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Hacienda no fiscalizará el uso del dinero destinado a la Iglesia.
Los obispos concluyen que en la negociación "han renunciado a mucho".

29/09/2006 ANTONIO M. YAGÜE , en la voz de Asturias

El acuerdo Gobierno-Iglesia que elevará en el 2008 la recaudación del 0,52% al 0,7% del IRPF tiene su letra pequeña. Los más de 170 millones de euros que recaudará el Ministerio de Hacienda e irá entregando cada mes a cuenta a la jerarquía católica no serán fiscalizados por la Intervención General del Estado. Según explicó ayer el vicesecretario de asuntos económicos de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Fernando Giménez Barriocanal, el dinero que se reciba estará libre de control público. En su opinión, no quedará afectado por la ley general presupuestaria porque no provendrá "del conjunto de los contribuyentes".

No obstante, el gerente de la CEE aseguró que la Iglesia se ha comprometido a explicar el destino de estos fondos en una memoria justificativa. "Se establecerán sistemas de comprobación y colaboración. La relación con Hacienda siempre ha sido magnífica. No cabe la menor duda de que todo se hará de forma correcta", aseguró Barriocanal.


DE IVA, 30 MILLONES El responsable de las finanzas episcopales señaló en sus explicaciones sobre el acuerdo que la supresión de la exención del IVA a la Iglesia en la adquisición de bienes inmuebles y objetos destinados al culto no se compensará o se devolverá bajo otro concepto como se había especulado. Barriocanal subrayó que actualmente se está estudiando la fórmula legal para anular la exención y precisó que la cantidad que deberá pagar la Iglesia, según los datos que se barajaron en la negociación con el Gobierno, se acercará a los 30 millones de euros. Esta cifra debería quedar compensada por el aumento de la cuota del IRPF hasta el 0,7%. Según Barriocanal, la Iglesia "ha renunciado a mucho", ya que, entre otros puntos, su reclamación inicial era obtener el 0,8% del IRPF.

El portavoz de los obispos, Juan Antonio Martínez Camino, valoró ayer que el acuerdo al que se ha llegado es "razonable y satisfactorio para todos", ya que, en su opinión, con él "gana todo el mundo". "Trabajaremos para que los fieles sigan colaborando, ya que este acuerdo no soluciona el sostenimiento de la Iglesia, y para que haya más contribuyentes que marquen la casilla de la Iglesia", apuntó el portavoz episcopal. La Conferencia Episcopal no perdió el tiempo y en el documento aprobado ayer por la comisión permanente, reunida desde el martes, hizo un llamamiento a los fieles para que su "generosidad" hacia la Iglesia continúe vigente.

No ha habido, según los responsables del episcopado, ni ganadores ni perdedores en las negociaciones Iglesia-Gobierno. Pero, según el portavoz de los prelados, no se puede hablar de un "deshielo" de las relaciones. "Ni hace tiempo estábamos tan mal, ni probablemente ahora estemos tan bien", zanjó.