Se suele fijar la atención en el fracaso del llamado impuesto religioso de 1987 para ponderar la tacañería del católico español para con su iglesia, indiscutible si se mira sólo a la asignación tributaria, pero relativa cuando se refiere al Estado, es decir, al conjunto de los españoles, sean religiosos o ateos, católicos o de otras religiones. Así, a través de la administración central, autonómica y municipal, el Estado aporta cada año en torno a 5.057 millones a la Iglesia católica en sus varias manifestaciones, según las cifras aportadas por distintos organismos estatales. Es un dinero que sale de varios ministerios -Educación, Cultura, Defensa, Sanidad, Trabajo, Asuntos Sociales- y de las entidades autonómicas y locales equivalentes.

La cifra de 5.057 millones incluye el ahorro que supone el paraíso fiscal en que se desarrolla la casi totalidad de sus actividades, calculado por expertos de Hacienda en unos 750 millones de euros.

Es en el campo de la enseñanza y en la asistencia social y de caridad donde las organizaciones católicas reciben más dinero. Por ejemplo, en sueldos para unos 33.440 profesores de catolicismo, de los que unos 15.000 imparten doctrina en colegios públicos (517 millones de euros), o para pagar el sistema de conciertos educativos (3.200 millones, según datos oficiales). Con motivo de la manifestación de noviembre pasado contra la ley Orgánica de Educación (LOE), apoyada por los obispos con el argumento de que esa norma atentaba contra la enseñanza religiosa, el Gobierno cifró en 3.000 millones esas subvenciones [ver EL PAÍS del 12 de noviembre de 2005].

En los conciertos educativos se incluyen las subvenciones por módulo y las nóminas de los docentes, además de una partida para administración de los centros. La actividad educativa de la Iglesia se resume en 2.376 centros concertados (el 80% del total de privados subvencionados), 1.368.237 alumnos y 80.959 profesores.

Respecto a la actividad social y caritativa del catolicismo, además de la diaconía Cáritas Española, sus 67 delegaciones diocesanas y otras 10 Cáritas autonómicas, destacan ONG como Manos Unidas, o entidades como las Hermanitas de los Ancianos Desamparados o las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl. Importante fuente de financiación son también los centros hospitalarios concertados (107); centros sociales como ambulatorios y dispensarios (128); casas de ancianos o discapacitados (876); orfanatos (937); guarderías (321); centros especiales de reeducación (365) y "otros centros de caridad y sociales" (717).

Los obispos dicen, con mucha razón, que el Estado gastaría mucho más si tuviera que atender por su cuenta a estas obligaciones educativas o asistencias, aunque los conciertos educativos les dan la posibilidad de difundir su ideario.

El Estado paga también la nómina de los capellanes hospitalarios (510 a tiempo completo y 297 a tiempo parcial), de los penitenciarios (130), más los sueldos de los capellanes castrenses, a cuyo frente está un arzobispo con grado de general de división. Capítulo aparte son las ayudas directas a la Iglesia para el sostenimiento de su ingente patrimonio artístico e inmobiliario: 280 museos, 103 catedrales o colegiatas con cabildo y casi mil monasterios. Las administraciones públicas gastaron el año pasado 200 millones de euros para obras de conservación o reforma.

Varias organizaciones son propietarias, además, de siete universidades (Deusto, de los jesuitas; Navarra, del Opus; CEU , de la Asociación de Propagandistas; pontificias de Comillas y Salamanca; diocesanas de Murcia y Ávila), y de 15 Facultades eclesiásticas, 41 centros teológicos, 11 colegios universitarios, 55 escuelas universitarias y 72 institutos superiores.

Este poder social y económico, medido en fieles, curas y monjas, obispos y otras jerarquías; en dinero, o en patrimonio inmobiliario; y en servicios educativos, sanitarios y de caridad, es incontable porque se nutre de complicados mecanismos de ingresos privados y de financiaciones públicas. Los obispos sostienen que la asignación tributaria que reciben del Estado cada año no alcanza el 9% del presupuesto de su iglesia. Aluden sólo a la financiación directa fijada en los Presupuestos Generales del Estado -150 millones de euros el próximo año-, e ingresada por el Ministerio de Hacienda en una cuenta de la Conferencia Episcopal para salarios de prelados y clero. Hasta ahora, Hacienda recauda una parte de la asignación tributaria a través del IRPF de los declarantes católicos, y el resto lo entrega como dotación extraordinaria graciosa. Este sistema data de 1988 y era transitorio, mientras los obispos encontraban en tres años (antes de 1991) mecanismos de autofinanciación. En cambio, el Gobierno socialista acordó la semana pasada elevar a definitivo el viejo sistema de asignación tributaria, no sin antes incrementar por encima del 34% el porcentaje de dicha asignación (ahora, el 0,5239; en el futuro el 0,70% de la cuota íntegra de cada IRPF asignado a esa iglesia).

A este sistema se le llama impropiamente impuesto religioso. La realidad es que el católico no añade ni un euro de su bolsillo en el IRPF. Es Hacienda quien lo resta de los ingresos públicos totales, a petición de un creyente que, con ese mecanismo, aporta el 99,3% de su cuota fiscal, no el 100% como el resto de los españoles. Estos dineros apenas suponen el chocolate del loro de todo lo que el Estado aporta a esta poderosísima potencia religiosa, que lo es también económica, educativa e, incluso, inmobiliaria, por delante, con creces, de cualquier otra organización, si exceptuamos al Estado.además un ingente patrimonio inmobiliario.