SOBRE LOS SíMBOLOS RELIGIOSOS
FERNANDO PASTOR
1. Artículo de Fernando Pastor
2. Artículo de Francisco Delgado
3. En la prensa
[El 24 de enero tuvo lugar en Valladolid el juicio por la retirada de símbolos e iconos religiosos en el colegio público "Macías Picavea". Francisco Delgado Ruiz, vicepresidente de nuestra asociación, acudió al mismo para ser testigo directo de los argumentos que esgrimidos. Adjunto un artículo de Fernando Pastor, cuyo tesón en esta larga lucha ya todos conocéis]
TRIBUNA
Fernando Pastor
Este próximo miércoles, día 24, tendrá lugar la
vista oral del juicio por la solicitud de retirada de símbolos religiosos
del Colegio Público Macías Picavea.
Cuando en su día, allá
por el inicio del curso 2005/2006, varios padres del colegio decidimos hacer
esta petición, asumida posteriormente por la Asociación Cultural
Escuela Laica de Valladolid, de ninguna manera imaginábamos que iba a
tener la repercusión y la complicación que desgraciadamente ha
tenido.
Si nos decidimos a realizar tal solicitud fue porque consideramos que la presencia
de símbolos confesionales vulnera la libertad de conciencia y supone
una discriminación por motivos religiosos.
En unos momentos en que desde otros sectores se reclama la libertad de los padres para elegir la educación que deseen para sus hijos, a nosotros se nos está privando de ese derecho. Nosotros queremos para nuestros hijos una educación libre de símbolos, pues creemos que los niños no deben ser influenciados por símbolos que impliquen una concepción religiosa de la vida, y menos en una edad en la que son muy influenciables por lo que oyen y por lo que ven en el colegio. Ya tendrán tiempo, cuando tengan capacidad para ello, de decidir con qué filosofía de vida se identifican.
Y si ese tipo de educación no podemos encontrarla en un colegio público, ¿dónde podemos encontrarla, para ejercer nuestro derecho?
Estamos hablando, claro está, de unos símbolos que se encuentran no en un tablón de anuncios ni en una sala dedicada a obras de arte, sino presidiendo la actividad educativa, por lo que la confesión que representan adquiere categoría de “oficialidad” frente a otras opciones al menos tan legítimas como ella.
Esta “oficialidad”, en un centro público, perteneciente a
la administración, provoca que si el Estado se identifica con una creencia
religiosa determinada, quienes no las compartan no se sientan representados
por el Estado.
En todo este tiempo hemos recibido muchas muestras de apoyo, que agradecemos profundamente, y también muchas muestras de incomprensión, que objetaban preguntas como ¿y qué importancia tiene que haya o no símbolos?, o ¿porqué os molesta que haya crucifijos?
Sobre la primera pregunta,
la importancia que le damos es que vemos que cuando se imponen símbolos,
son siempre (¡qué casualidad!) los símbolos propios de quienes
precisamente le restan importancia al hecho de que estén allí.
Y si se lo hacemos ver así suelen responder que en caso contrario estaríamos
imponiendo nosotros nuestra postura a una “mayoría”. No,
eso no es así; la ausencia de símbolos en un lugar público
no es una imposición de nadie, imposición sería que nosotros
pretendiéramos imponer nuestra simbología, del tipo que sea. Pero
no lo pretendemos, por un respeto hacia los demás que nosotros tenemos
y que no estamos recibiendo de forma recíproca. Las creencias, y por
tanto los símbolos que las representan, forman parte de la esfera privada
de las personas, por lo que no pueden ser impuestos en un lugar común.
Y a la segunda pregunta podemos responder en dos sentidos. Personalmente nos
molesta porque si existe quien puede imponer sus símbolos en un lugar
común y los demás debemos soportarlos, nos están convirtiendo
en ciudadanos de segunda categoría. Y socialmente nos molesta porque
cuando esta imposición se da en un edificio público nos retrotrae
a la época del nacionalcatolicismo (unión de lo estatal con una
confesión religiosa concreta) que conlleva el pensamiento único
y en definitiva la dictadura.
A pesar de ello, los órganos rectores del colegio se negaron a atender nuestra petición, y la posterior solicitud a la Consejería de Educación tuvo el mismo resultado negativo.
La Consejería se está lavando las manos, pues no da ningún argumento que justifique la presencia de símbolos confesionales en un centro público, y se limita a delegar la decisión en el Consejo Escolar del centro.
Como es sabido que los consejos escolares tienen circunscritas sus competencias a la mera gestión del centro, para poder justificar el que pudieran ocuparse de esta cuestión a la Consejería no se le ha ocurrido otra cosa que atribuir a los crucifijos el carácter de “equipamiento” del centro.
Considerar equipamiento a los símbolos, además de ser una ofensa a los propios símbolos, contiene una falsedad evidente: si de lo que se trata es de retirar o no una estantería, que eso sí es equipamiento, ¿se habría suscitado tanto revuelo? ¿Desde cuándo el equipamiento tiene sentido confesional o ideológico? Si los crucifijos son equipamiento, ¿porqué la Consejería de Educación no lo suministra desde la llegada formal de la democracia y porqué en los colegios creados a partir de la entrada en vigor de la Constitución no los hay?
Los consejos escolares en ningún caso pueden tomar decisiones sobre cuestiones ideológicas o políticas, pues podrían convertir un centro público en confesional o dotarle de alguna ideología concreta. Por eso tampoco pueden tomar decisiones sobre qué banderas (otro símbolo) colocar en el centro, ni para colocar presidiendo las clases el emblema de ningún partido político.
Los únicos símbolos que puede haber en un centro público son los representativos del Estado, y el crucifijo no representa al Estado sino a una confesión privada.
Tampoco pueden los consejos escolares tomar decisiones que vulneren leyes ni derechos fundamentales de las personas. ¿Podría aprobar por mayoría permitir fumar en clase, o suprimir la asignatura de matemáticas?: no, porque vulnera la ley. ¿Podría decidir por mayoría no admitir la matrícula de un niño por ser negro? No, porque vulnera sus derechos.
Por todo ello la Consejería de Educación, al trasladar la competencia sobre este caso al Consejo Escolar, está haciendo una dejación de funciones incomprensible habida cuenta que esta Consejería tiene el derecho y el deber de supervisar las decisiones tomadas por los consejos escolares. Una dejación de funciones que se inició en el año 2002 cuando, tras la queja de una Asociación por la Escuela Laica de León, hizo caso omiso a una Resolución del Procurador del Común de nuestra comunidad autónoma que le instaba a retirar los símbolos de los centros públicos en lo que mediara petición de algún miembro de la comunidad escolar.
Esa Resolución del Procurador del Común no era gratuita. Se basó en principios constitucionales como la libertad de conciencia, la aconfesionalidad del Estado o el deber de neutralidad del Estado, para concluir con esta indicación dirigida a la Consejería de Educación: “adopte cuantas medidas sean precisas para retirar los símbolos religiosos de las aulas de los centro públicos cuando medie una solicitud en tal sentido”.
En otras comunidades autónomas donde hubo quejas similares se resolvieron de esa forma, pero en Castilla y León la Consejería de Educación decidió desatender la Resolución y por ello desgraciadamente este tema ha llegado hasta donde ha llegado.
Los principios constitucionales aludidos en todas esas Resoluciones (Procurador del Común de Castilla y León, Justicia de Aragón, Defensor del Pueblo Andaluz...) están recogidos también en numerosas sentencias del Tribunal Constitucional.
Quizás a esta relación con principios constitucionales violados se deba la anunciada asistencia a la vista oral del juicio del que fuera diputado constituyente, Francisco Delgado Ruiz, a quien desde aquí queremos agradecer su presencia y su apoyo.
Francisco Delgado ha sido también hasta hace pocos meses miembro del Consejo Escolar del Estado y actualmente lo es del Consejo Escolar de Castilla-La Mancha. Es Vicepresidente de la asociación Europa Laica y autor de varios libros sobre educación.
Por todo lo expuesto en esta Tribuna, que nadie quiera ver en este caso una “guerra de religión”. Por el contrario, siempre hemos manifestado nuestro absoluto respeto por los símbolos y por las personas que se sienten identificadas por ellos.
Simplemente pedimos el mismo
respeto para nosotros, pues nadie está obligado a soportar la identificación
del Estado con ninguna confesión, relegando a quienes no la profesan
a una segunda categoría, con menos derechos que otros por motivos de
conciencia.
Fernando Pastor Valdeomillos.
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Fernando Pastor es uno de los padres que solicitó
al retirada de los símbolos religiosos que presiden la actividad educativa
en el Colegio Público Macías Picavea de Valladolid.
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Reseña sobre mi valoración
de las alegaciones públicas del juicio en Valladolid
Francisco Delgado
El pasado día 24 de enero estuve presenciando en el juzgado de lo contencioso-administrativo
de Valladolid, las alegaciones orales del abogado que defiende la iniciativa
constitucional y democrática de la Asociación Cultural Escuela
Laica de Valladolid (ACEL) y la defensa de la postura de la Junta de Castilla
León, contraria a la retirada de los crucifijos.
No entro a valorar y a opinar sobre las alegaciones de la ACEL y de los padres
y madres que luchan por la retirada de símbolos ideológicos de
los centros escolares, por coincidir total y absolutamente con las tesis expuestas
y que son de sobra conocidas. En mi opinión las alegaciones expuestas
por el abogado no dejan lugar a dudas, fueron muy brillantes y profesionales,
aunque quizá en algún momento se hicieron citas que, en mi opinión,
no eran adecuadas al proceso.
En cuanto a la parte contraria las alegaciones de la Junta de Castilla-León
fueron insostenibles desde cualquier argumento jurídico y democrático
en un Estado, el español, en donde ninguna confesión religiosa
ha de tener carácter estatal. Y cuando, además, existen
desde hace décadas argumentaciones múltiples por parte del Tribunal
Constitucional y de diversos organismos institucionales y jurídicos,
en diversas Comunidades Autónomas que avalan la obligada ausencia de
cualquier simbología religiosa de los centros escolares (al menos de
los de titularidad pública). Se limitó a hacer innumerables citas
erróneas, con el fin, exclusivo, de confundir a los medios de comunicación
que estaban presentes.
A parte del falseamiento de sentencias y citas que hizo, el abogado de la parte
contraria planteó sólo tres argumentos, que de necios no se sostienen:
1.- Que la ACEL no está legitimada para plantear ese pleito en nombre
los padres que han solicitado las garantías de neutralidad del centro
escolar, con la retirada de esos símbolos (Que, además son socios
de la ACEL). 2.- Que no se recurrió en su día la decisión
mayoritaria del Consejo Escolar del Centro de que no se retiraran tales símbolos.
Cuestión que, además, de ser falsa, no es argumento adecuado,
ya que dentro de las funciones de los Consejos Escolares de los Centros no figuran
la toma de decisiones ideológicas, como es éste el caso. 3.- Que
estos símbolos (crucifijos) forman parte del mobiliario del centro desde
1930 y que están secularizados. Entonces ¿En qué quedamos?
¿Para los mandamases de la iglesia católica un crucifijo es un
mueble más y una ornamentación o una representación simbólica
de la muerte de Cristo? Porque si es lo que argumenta la Junta, en la doctrina
cristiana podría ser considerado como una herejía. El empeño
de la jerarquía católica de que los crucifijos e imágenes
continúen expuestos, es porque es un signo de identidad de la confesión
católica, luego el argumento de la Junta no vale.
En manos de la libertad institucional de la justicia queda
un pronunciamiento que en breve conoceremos. Si es favorable a los argumentos
de la ACEL y de los padres solicitantes, la Junta se ha comprometido (en palabras
del Consejero), públicamente, a acatarlo. Si no fuera así, es
previsible que se recurra a más altas instancias jurídicas, hasta
conseguir que se cumpla el mandato constitucional de neutralidad del Estado
en materia religiosa. No me debo pronunciar sobre lo que puede pasar, pues la
fase deliberativa de los jueces debe de ser respetada.
Los medios de comunicación regionales (e incluso nacionales) han dado
una muy importante y, en general, neutral cobertura a este hecho (inaudito en
un Estado no confesional). En los ámbitos sociales no religiosos e incluso
los de carácter religioso (diversos sectores cristianos católicos
y no católicos, la comunidad musulmana de Valladolid, etc.) se han pronunciado
a favor de la retirada de simbología religiosa. Como lo ha hecho la CEAPA
(que agrupa a más de 14.000 APAS del todo el Estado) y otras importantes
organizaciones sociales de carácter local y estatal.
Mi opinión es que con el tema de la simbología religiosa una parte
importante de los poderes públicos están cometiendo un grave delito
político, fruto y herencia de una historia casposa y vergonzante, en
donde ser católico era una obligación de todo español,
desde su nacimiento: Cuando la jefatura del estado en función de su representatividad
institucional y otros altos representantes hacen ostentación pública
de su catolicismo, Cuando, todavía, se jura o promete delante del crucifijo
(ministros, alcaldes, consejeros, delegados, concejales… etc.), cuando
se mantienen símbolos ideológicos (como los religiosos) en espacios
comunes y que deberían de ser neutrales, como juzgados, escuelas, cuarteles,
ayuntamientos, despachos públicos, etc. se está atentando contra
la libertad de pensamiento y de conciencia.
No me queda nada más que felicitar a los amigos y compañeros de
Valladolid (al igual que ocurre en muchos otros lugares) por su tesón
(a veces contra corriente) en defensa de las libertades y del mandato
constitucional. Su ética y responsabilidad
están a mucha más altura que la de muchos políticos de
todo el arco institucional, que prefieren caminar de la mano de la jerarquía
católica, a defender la Constitución y los principios que emanan
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Francisco Delgado.
Vicepresidente de EUROPA LAICA.
Albacete, 28 de enero de 2007.
*****
(en la prensa: www.colpisa.com)
RELIGIÓN
Un juzgado decidirá si los crucifijos de un colegio
de Valladolid se retiran a petición de los padres
-La Junta de Castilla y León deriva la responsabilidad
a un tribunal para que dirima el asunto.
Valladolid, 24 ene. (COLPISA, José María Francisco).
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Valladolid determinará
quién tiene la competencia para ordenar la retirada de los símbolos
religiosos en un aula y si definitivamente se retiran los crucifijos, según
solicitan algunos padres del colegio público Macías Picavea. La
vista oral sirvió para contraponer los argumentos de la Administración
autonómica y los que defienden la “aconfesionalidad y laicidad”
del Estado.
El origen del conflicto se remonta al curso pasado, 2005-2006, cuando dos familias solicitaron la retirada de los símbolos católicos. La Junta de Castilla y León derivó la responsabilidad hacia el consejo escolar, bajo la premisa de que éste es el órgano que tiene capacidad para la elaboración del reglamento interno, la renovación de las instalaciones y el mantenimiento del mobiliario. Tras la negativa del consejo escolar a aceptar la petición de los padres de dos alumnos, las familias afectadas decidieron demandar a la Administración que es ejerce las competencias en materia de educación.
Precisamente, el abogado de la Junta de Castilla y León, Fernando Larios, insistió en el juicio en estas alegaciones, además de resaltar la “autonomía” de los consejos escolares de cada centro educativo. Asimismo, el letrado de la Administración consideró que en la actualidad este tipo de elementos del mobiliario carecen de una simbología religiosa porque han pasado a formar parte del acervo cultural.
Mobiliarios de las clases
Por el contrario, el abogado de la Asociación Escuela Laica estimó que al menos en los colegios que se construyeron después de la aprobación de la Constitución, en 1978, los crucifijos no pueden contemplarse como parte del mobiliario de las clases. El vicepresidente de la Asociación Europa Laica, Francisco Delgado, recurrió a los principios del Derecho y la Constitución para exigir la retirada de todos los símbolos religiosos, de cualquier confesión, de los lugares públicos: “En un Estado no confesional, como España, en los espacios públicos como los colegios no debe haber ninguna simbología ideológica, sea religiosa o de otro tenor”. Delgado añadió que “no se entiende cómo el Gobierno regional ha obligado a unos padres a acudir a la vía judicial para defender los derechos fundamentales”.
Fernando Pastor, padre de uno de los alumnos y presidente de la Asociación Escuela Laica de Valladolid, relata su experiencia: “Tras darnos cuenta de que en este colegio, en el que nuestra hija iba a comenzar el primer curso de educación primaria, estaba plagado de símbolos confesionales católicos (crucifijos, estatuillas, cartulinas con imágenes religiosas, etc.) tanto presidiendo las aulas como en otras dependencias comunes del centro, lo comentamos con otra familia y decidimos solicitar conjuntamente su retirada”. Agregó que “el motivo que nos llevó a ello fue que considerábamos que esta situación vulnera nuestra libertad de conciencia; supone una discriminación por motivos religiosos; vulnera principios constitucionales como la aconfesionalidad del Estado, el deber de neutralidad de la Administración; convierte un centro público en confesional, al tratarse de símbolos confesionales, y vulnera nuestro derecho a elegir la educación que queremos para nuestros hijos, que es una educación libre de símbolos”.
Fernando Pastor se preguntó qué ocurriría si se deja cualquier decisión en manos de los consejos escolares: “¿Si un consejo escolar tiene mayoría republicana se permitirá la colocación de la bandera tricolor? ¿ Y si hay mayoría de miembros fascistas se dejará colocar una cruz gamada?” Para la Asociación por la Escuela Laica éstas son razones fundamentales para despejar cualquier duda sobre la prioridad de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
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