Sentencia contra el Gobierno Vasco.

En enero de 2006 el Consejero de Educación del Gobierno Vasco, señor Tontxu Campos y la señora Ana Zugaza, directora del Instituto Bertendona, protagonizaron un duro enfrentamiento dialéctico con la APA de dicho instituto.

Resumiendo lo aparecido en las hemerotecas, vemos como esta APA afirma, ante la agresión de un alumno a otro en dicho centro, que este carece de los medios materiales y humanos adecuados.

El señor Tontxu Campos lo niega airadamente y se filtra a la prensa un informe de la directora Ana Zugaza a su departamento en el que no sólo se le da la razón al Consejero sino que se roza el insulto a la propia APA.

Varias voces se levantan para denunciar que el departamento de Educación es el mejor financiero de la enseñanza privada mientras deja caer en el abandono la pública, y mientras relacionan el informe de la directora con su pertenencia a la patronal de la enseñanza privada, la Iglesia católica.

De hecho se denuncia que no es profesora sino catequista de religión y públicamente aparece en todas partes como militante de grupos católicos y teóloga.

Hacíamos y hacemos la misma pregunta:

¿Cómo va a defender entonces la escuela pública, si incluso su puesto de trabajo depende de la voluntad del obispado?.

Ahora incluso el Juzgado de Menores nº 1 de Bilbao nos ha dado la razón emitiendo una sentencia en la que atribuye la responsabilidad solidaria de la agresión al Departamento de Educación del Gobierno Vasco por la demostrada “insuficiencia en los medios de control de los menores” y porque a su juicio el Gobierno vasco “es quien tiene la obligación de poner los medios materiales y humanos” para ello.

En la misma sentencia absuelve al profesor en cuya clase ocurrió la agresión porque “no podía estar presente en los diferentes lugares donde se encontraban los alumnos”.

Se trataba de una clase de gimnasia que se daba al mismo tiempo en el gimnasio y en el patio, y evidentemente el profesor no podía estar en todas partes.

Si tuvieran la más mínima dignidad ambos deberían dimitir, aunque es evidente que el problema de fondo exige medidas políticas generales como que los fondos públicos se usen solo para la escuela pública y que de ella salga definitivamente la religión.

Mikel González.